Hasta ahora, la normativa actual obligaba a utilizar las facturas de papel como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes, siendo cuantiosos los costos del proceso de facturación.

Afortunadamente, esta situación comienza a cambiar gracias la promulgación de las Directivas Europeas 2001/115/CE y 2006/112/CE de facturación en relación con el IVA, que permiten que la factura, así como otros actos y contratos firmados por este mecanismo, sean legalmente válidos y tengan el mismo efecto que los celebrados por escrito, con la ventaja adicional de la reducción del costo de transacción y la garantía de mayor eficiencia y productividad.

En España, el Real Decreto 1496/2003 respecto a la facturación por medios electrónicos, y la Ley 56/2007 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, impulsan el empleo de la factura electrónica y del uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública.

Atendiendo a ambas normativas, la firma electrónica es una secuencia de datos, resultado de aplicar un conjunto de algoritmos matemáticos, que permite ofrecer plenas garantías de seguridad sobre el documento a firmar, acreditando quién es su autor (autenticación) y asegurando que no ha existido ninguna manipulación posterior de los datos (integridad).

Gracias a la factura electrónica, las instituciones públicas y entidades privadas empiezan a reemplazar las facturas en papel por una versión electrónica de un documento tributario que tiene la misma validez que la factura tradicional.