• La Directiva Europea 2006/123/CE o Directiva Bolkenstein relativa a los servicios en el mercado interior establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos. Esta Directiva se traspone a marco legal español a través de la Ley 11/2007.
  • La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) es una norma básica para impulsar la administración electrónica (eAdministración) o prestación de servicios por parte de las AA.PP, a través de la Red.
  • Las Directivas Europeas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, recogen la inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos.
  • Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público es la ley que transpone a nuestro ordenamiento las Directivas Europeas de Contratación Pública. Esta ley prevé la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar el acceso al procedimiento administrativo a todos los interesados a través de los anuncios de contratos públicos en la website de la Administración Pública correspondiente.
  • La ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, prevé que el Gobierno determinará el órgano competente de la Administración General del Estado que impulsará el empleo de la factura electrónica entre los diversos agentes del mercado, en particular entre las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, de acuerdo con la definición establecida en la Recomendación C(2003) 1422 de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrónico.
  • La Directiva Europea 1999/93/CE por la que se establece un marco común para la firma electrónica define conceptos como la Firma Electrónica, la Firma Electrónica Avanzada y Certificado Reconocido, estableciendo los criterios para el reconocimiento jurídico de estas nuevas figuras. El objetivo de la Directiva es fomentar la confianza, tanto entre los consumidores que utilizan los certificados como entre los proveedores de servicios, otorgado el valor jurídico de una firma manuscrita a la firma en formato digital. La Directiva recoge que una firma electrónica no puede ser rechazada jurídicamente por el mero hecho de que ésta se presente en forma electrónica.
  • La Ley 59/2003 de firma electrónica es la ley que transpone la Directiva 1999/93/CE al ámbito normativo español, con el objetivo de conferir seguridad a las comunicaciones por internet a través de instrumentos, como por ejemplo la firma digital, que permiten una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados.
  • La Directiva 2001/115/CE, que modifica la Directiva 77/388/CEE, con objeto de simplificar y modernizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el IVA, crea un marco jurídico y técnico común para la facturación electrónica. Se trata asimismo de permitir aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
  • La Directa 2001/115/CE, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE, que simplifica, moderniza y armoniza las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido regula la facturación electrónica (Art.22 y ss).