• La Directiva 2002/65/EC relativa a “Contratos a distancia en materia de servicios financieros” recoge los principios relacionados con los servicios financieros que pueden suministrarse a distancia, ofreciendo una mayor protección al consumidor en el momento de negociar y celebrar contratos con un proveedor establecido en otro Estado miembro. La citada Directiva contempla derechos del consumidor tales como el derecho de rescisión, de reembolso y de anulación del pago en caso de robo.
  • La Ley 22/2007 relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores es la ley que transpone lo recogido por la Directiva 2002/65/EC.
  • La Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información establece entre otras obligaciones, la obligación de las empresas de determinados sectores con especial incidencia en la actividad económica (compañías dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas, telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes, agencias de viaje) de facilitar un medio de interlocución telemática a los usuarios de sus servicios que cuenten con certificados reconocidos de firma electrónica. Dicha interlocución telemática habrá de facilitar al menos la realización de trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas. Esta Ley a la par que impulsa el empleo de la factura electrónica y del uso de medios electrónicos en todas las fases de los procesos de contratación, garantiza una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia económica.
  • La Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico se propone reforzar la seguridad jurídica del comercio electrónico con el fin de aumentar la confianza de los internautas. Para ello, la directiva establece un marco jurídico en el que los servicios de la sociedad de la información se ajustan a los principios del mercado interior (libre circulación y libertad de establecimiento), y para ello establece entre otras obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información de facilitar a los destinatarios de los servicios y a las autoridades competentes un acceso fácil, directo y permanente a la información relativa a sus actividades.
  • La Ley 34/2002 que incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE establece el derecho a la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información, así como la elaboración de de códigos de conducta de los prestadores de servicios.
  • La Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados.
  • Ley 25/2007 de “Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones” recoge la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
  • ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas. Define la posibilidad de digitalizar facturas en papel con una firma electrónica y de destruir el original, conservando la copia digitalizada.